Luego del secuestro de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se lanzó la siguiente acción urgente:
Fecha: domingo, 15 febrero, 2009, 10:26 pm
ADJUNTAMOS ACCION URGENTE: Detención arbitraria, desaparición, riesgo de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes a dos campesinos integrantes de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco.
NÚMERO DE REFERENCIA: AU-006-2009-ODPM-GUERRERO
RESUMEN
Según notas periodisticas, el día 14 de febrero de 2009, alrededor de las 13 horas fueron detenidos Raúl Lucas Lucia, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la ODPM en el municipio de Ayutla de los Libres por tres sujetos que abordaban una camioneta negra y sin presentar orden de aprensión, de quienes se presume son agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Según reportes de su familia, ninguno de ellos se encuentra en la cárcel de Ayutla, lo mismo que en los hospitales.
Cabe destacar, que Raul Lucas Lucia, asi como Manuel Ponce Rosas, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres.
Según informes de la coordinación de Tlachinollan, Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
Diez días después esta fue la noticia que nos sacudió a todos, abajo se incluyen notas periodísticas:
Hallan sin vida a dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos el 13 de febrero
22 de febrero de 2009
Estaban en bolsas de plástico y enterrados a 80 centímetros de profundidad.
Su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.
Viudas y deudos exigen el esclarecimiento del asesinato y castigo a los responsables.
Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009.- Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.
Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla -que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa-, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto publico de inauguración de obras.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.
Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un “crimen de Estado”, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.
Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados “esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial” y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos”.
Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.
El Sur de Acapulco Lunes 23 de Febrero de 2009
Tlachinollan: fue crimen de Estado el asesinato de los dos líderes mixtecos
Zacarías Cervantes / Chilpancingo
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció ayer que el asesinato de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fue una “ejecución extrajudicial” y acusó al gobierno por la falta de una investigación oportuna y rápida para evitar un “desenlace fatal”.
Mientras tanto, en un comunicado, ese organismo de derechos humanos señala: “estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo”.
Barrera Hernández también señaló que ante estos hechos se evidencia la falta de garantías para prevenir “situaciones graves como éstas”, pues dijo que no solamente se trata de una desaparición de personas, sino que los grupos que actúan con absoluta impunidad, lo hicieron ante testigos y posteriormente cumplieron la ejecución “sin que las autoridades hayan actuado con oportunidad para garantizar la vida de las víctimas”.
Dijo que es lamentable el hallazgo de los cadáveres porque sus familiares y los representantes de organismos civiles de derechos humanos que venían exigiendo la investigación de su paradero y la presentación, “aún esperábamos que se encontraran vivos”. Entrevistado vía telefónica, el director de Tlachinollan responsabilizó de la muerte de los dos dirigentes indígenas al gobierno porque no hubo una actuación oportuna y agilizada para investigar su desaparición, a pesar de que sus familiares y los organismos de derechos humanos denunciaron su detención con rapidez y ofrecieron información oportuna para que se iniciaran
las investigaciones. Agregó que lo que deja entrever este nuevo episodio de violencia, ahora en contra de los dirigentes mixtecos, es que es el patrón que se sigue en la actualidad para criminalizar a los líderes sociales y que con este caso, se ve que la tendencia no solamente es
su detención, sino su posterior desaparición y después la ejecución extrajudicial.
Consternado, Barrera Hernández, advirtió que la criminalización de la lucha social, la falta de garantías al trabajo de los representantes de organismos defensores de los derechos humanos y de quienes realizan trabajo de gestoría en Guerrero, se está llevando a una grave crisis “y estamos quedando inermes ante estos grupos, que no sabemos cuáles sean sus intereses”. Explicó que la situación se agudiza sobre todo en el municipio de Ayutla, por las acusaciones que se hacen desde el gobierno en el sentido de que los dirigentes indígenas de esa zona están ligados a la guerrilla, “con ello se da licencia a estos grupos desconocidos para ejecutar a los dirigentes como a los compañeros mixtecos”, denunció. Barrera Hernández, director del organismo de derechos humanos que desde el primer día de la desaparición de Lucas Lucía y Ponce Rosas denunció el caso y exigió a las autoridades estatales acciones urgentes para la investigación y la liberación de los detenidos, señaló que es grave que las autoridades no cumplan con su trabajo de investigar con oportunidad y rapidez y que dejan que grupos armados actúen con absoluta impunidad.
Barrera Hernández agregó también que es grave que estos casos se den en una zona en donde existe un alto nivel de empobrecimiento, “en donde vive gente que apenas sobrevive, que no tiene para comer y que, quienes denuncian y levantan la voz por esa circunstancias, son detenidos, desaparecidos y asesinados impunemente, sin que las autoridades hagan algo para evitarlo”. Por ello explicó que de alguna forma hay responsabilidad del gobierno, “porque nosotros demandamos una investigación pronta, que previniera un desenlace fatal”.
En cuanto a los responsables materiales de la muerte de los dos dirigentes indígenas; Barrera Hernández, señaló que “desgraciadamente no sabemos quiénes sean”; pues todos los datos que tenemos son que tienen corte de pelo tipo militar y que cuando entraron al local de donde se llevaron a los indígenas gritaron que eran policías. Finalmente el director de Tlachinollan denunció que en el municipio de Ayutla hay ingobernabilidad y que “se da libertad al surgimiento de grupos criminales que actúan con impunidad y a la luz del día; son posiblemente gente que le hace el trabajo sucio al gobierno para la persecución de los dirigentes indígenas”, concluyó. Asimismo, en el comunicado que el organismo envió por la tarde señala que: “como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un crimen de Estado, porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo”.
Y luego lamenta las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados “esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial”. Señala el organismo que para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos”. El organismo civil agrega que se une a la demanda de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.
Que es la OFPM.
Tlachinollan explica que la OFPM, igual que la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), provienen de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) que desde hace aproximadamente 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla. A esa organización pertenecían los 11 indígenas asesinados por efectivos del Ejército en El Charco, el 7 de junio de 1998, lugar donde se supo por primera vez de la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que se formó con un desprendimiento del EPR. Ese mismo año, la organización denunció la esterilización forzada de 18 hombres indígenas en las comunidades de Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, por parte de la Secretaría de Salud. También informa que el 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Y que, por el mismo caso interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. Posteriormente, el 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió ileso.
Tlachinollan explica que como presidente de la OFPM, Lucas Lucía documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
El día de la desaparición de Lucas Lucía y Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
Asimismo, el sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y que pidiera al gobierno de México que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo. Y luego, ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que externó su preocupación por la desaparición de Raúl Lucas y Manuel Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.
En: http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=53511
La Jornada 23 de febrero de 2009
Los defensores de derechos humanos presentaban huellas de tortura y tiro de gracia
Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG
M. Habana y S. Ocampo Corresponsales
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó que los cuerpos hallados cerca de la comunidad San Francisco, municipio de Tecoanapa, Guerrero, con huellas de tortura y tiro de gracia, corresponden a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a quienes presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desaparecieron el pasado 13 de febrero en Ayutla de los Libres. “Fue una doble ejecución extrajudicial. Se trató de un crimen de Estado”, considera la organización no gubernamental.
De acuerdo con el Servicio Médico Forense de Acapulco, Raúl Lucas fue asesinado de dos balazos en el maxilar inferior, probablemente el domingo 15 o el lunes 16 de febrero. Sus restos se hallaron el viernes 21 dentro de una bolsa negra cerrada con cinta canela, enterrada a un metro de profundidad, descubrimiento resultado de una llamada telefónica anónima, aseguró el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, José Fernando Monreal. Indicó que en las mismas circunstancias se encontraron los restos de Manuel Ponce Rosas, quien padeció traumatismo en cráneo y en tórax, tres heridas externas de 25 a 28 centímetros por las cuales pereció, provocadas a golpes con un tubo. Familiares de las víctimas llegaron la mañana del domingo al Semefo de Acapulco, y por la tarde les entregaron los restos de Raúl y Manuel, quienes serán sepultados el lunes en el municipio de Ayutla.
Por su parte, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que la ejecución de los dos mixtecos atenta contra las leyes internacionales a las que México está suscrito, las cuales exigen el respeto a la vida de los defensores de los derechos humanos.
Además, cuestionó las declaraciones irresponsables del procurador de Guerrero, Eduardo Murrueta, quien desde que conoció la denuncia por la desaparición de los indígenas, sin realizar una investigación objetiva, declaró que los ahora finados fueron víctimas de secuestro o levantón (plagio sin intención de obtener rescate). Los homicidios de los luchadores sociales, las amenazas que previamente recibieron y el atentado a balazos por el cual Lucas García estuvo a punto de morir en 2006, dijo Rosales, significan que su labor afectó intereses de personas enquistadas en los gobiernos municipal y del estado.
Consideró que desde que se presentó la denuncia de la desaparición, la Federación y el gobierno estatal evidenciaron una completa inactividad, lo mismo que cuando se presentaron los dos amparos contra la incomunicación que padecían los detenidos, y cuando se exigió a las autoridades la revisión de prisiones municipales, y sedes de batallones, en su búsqueda”.
Se levantó la averiguación previa TAB/SC/AM/161/2009, que se radicará en la fiscalía especial para delitos graves.
En: http://www.jornada.unam.mx/2009/02/23/index.php?section=politica&article=015n1pol
La Jornada Guerrero
Repudio generalizado de organizaciones
El doble homicidio, un crimen de Estado,
acusa Tlachinollan
MARGENA DE LA O Y CITLAL GILES
Chilpancingo, 22 de febrero. El coordinador del centro de derechos humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fue una “doble ejecución extrajudicial”, y culpó a los tres niveles de gobierno por no intervenir a tiempo para salvarles la vida a los dos defensores de los derechos humanos.
Por su parte, el abogado del centro Vidulfo Rosales Sierra, calificó el doble asesinato de “crimen de Estado” y también reprobó que las autoridades no hayan investigado la desaparición, a pesar de los diversos recursos que interpusieron.
En tanto, la ex secretaria de Derechos Humanos del PRD estatal, Aurora Muñoz Martínez, consideró que la ejecución de los indígenas es un claro mensaje para intimidar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Abel Barrera afirmó que los dirigentes fueron desaparecidos por ministeriales. Al respecto, el director de la Ministerial, Erit Montúfar Mendoza, se deslindó de las acusaciones, y aseveró que investigarán para dar con los responsables, y demostrar que no están relacionados con este caso.
Rosales Sierra lamentó las declaraciones del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, al adelantarse a señalar que los dirigentes de la OFPM habían sido levantados, para vincularlos con la delincuencia organizada.
Sobre el caso, el arzobispo, Felipe Aguirre Franco, alertó que la violencia “se está enseñoreando” en casi toda la entidad, pero rechazó que las acciones del estado sean superadas por la delincuencia organizada y exhortó a la población a confiar en el Ejército.
Postura de otras organizaciones
El dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez, repudió el doble crimen y trasladó este episodio a la “negra etapa de la guerra sucia”; culpó a los tres niveles de gobierno de utilizar nuevas medidas de criminalización de la lucha social.
Mientras que el dirigente de la CETEG, Jorge García Hernández, se dijo consternado por el doble homicidio, porque la lucha social está siendo acallada.
En:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/23/index.php?section=sociedad&article=005n2soc
Medrano deslinda al gobierno y al PRD
Regresan los tiempos de Figueroa, alerta
diputado
LAURA REYES MACIEL
Con la desaparición, tortura y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, toma fuerza la exigencia de perredistas de que el partido se deslinde del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, porque están regresando las prácticas caciquiles de atropellar y violentar los derechos humanos de los grupos sociales e indígenas.
El secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD estatal, Urbano Lucas Santamaría, adelantó que el tema será presentado y discutido en la próxima sesión del Comité Político, ya que es urgente que la administración estatal esclarezca el caso de los na savi, aunado a la detención de Máximo Mojica y las acciones contra el ecologista Javier Torres en Petatlán.
“Pareciera que regresa la época de Figueroa y eso no lo vamos a permitir. Para el PRD son preocupantes, alarmantes estos hechos, que son crímenes políticos”, sostuvo.
El también diputado local aceptó que la actuación del gobierno del estado en relación con el trato que le da a los problemas sociales deja mal posicionado al PRD, pues no ha mostrado capacidad para frenar ese tipo de crímenes.
Crearán comisión especial
El dirigente estatal del PRD, Misael Medrano Baza, buscará abrir una mesa de diálogo con familiares de los dos dirigentes de la OFPM asesinados, ante el estado de alerta como consecuencia del doble homicidio.
El encuentro podría darse la mañana de hoy durante el sepelio; también habló de crear una comisión especial para atender esos casos.
Insistente, Medrano recalcó que la administración de Torreblanca tiene responsabilidad, pero igual la federación: “sin duda a faltado atención, sin duda, por eso en esas áreas deben echarse andar programas especiales de atención a la gente”.
Además, deslindó de responsabilidades a su partido, pues dijo ha estado al tanto de las necesidades sociales, apoyando en gestiones.
En: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/23/index.php?section=sociedad&article=005n3soc
Por todo lo anterior:
-
Me solidarizo con las viudas, hijos, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos de Raúl Lucas Lucía, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la OPDM en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero así como con los miembros de laOPDM, y el valiente pueblo Mixteco. No tengo palabras que puedan mitigar un pco el dolor y la pena que deben estar pasando en estos momentos, pero mi abrazo y mi palabra solidaria se elevan para ustedes en todo momento.
- Me sumo a la demanda de una investigación clara, pronta y sin proteccionismo de parte del Gobiernotanto Federal como Estatal, y la Procuraduría General hacia las fuerzas militares y policiacas que operan en Guerrero como demanda que hacemos los civiles para acabar con la impunidad que abunda en el llamado sistema de justicia.
- Me sumo a la exigencia de Justicia y desmilitarización que hace el pueblo mixteco y a la demanda de proteger a los luchadores por los derechos humanos en Guerrero y en todo México.
- Me sumo a la petición pública de ONG’s locales, el pueblo mixteco del municipio Ayutla de Libres a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que presione al Estado mexicano para que cumpla cabalmente Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que suscribió y que viola constantemente.
- Pido solidariamente a quien lea estas líneas a sumarse a estas demandas que son justas y humanas, y que envíe sus correspondencias a las autoridades de México, Guerrero e instancias internacionales.